ACUSACIÓN CONTRA EL ESTADO ESPAÑOL POR LA NO ABOLICIÓN DE LAS CORRIDAS DE TOROS.

copio :

Fundación Altarriba, Amigos de los Animales

Acusación contra el Estado Español

por la no-abolición de las corridas de toros

International Court of Justice for Animals Rights

Geneve, 23 de junio de 2008

ACUSACIÓN.-

Como la de otros países occidentales, la historia de España está ligada al maltrato animal; un maltrato que ha sido y es consecuencia del uso que se hace de ellos, o un objetivo directo en festividades religiosas o simple muestra de superioridad humana. Estos dos últimos casos, sin embargo, separan al modelo de España de esa trayectoria común, pues los demás optaron por un camino diferente: empezar a dignificar a los animales protegiéndolos en lo posible de la crueldad del Hombre, un primer paso que ha llevado, en nuestros días, a la protección de la Naturaleza en su conjunto. Hablamos de hace casi doscientos años, por ejemplo de 1839, cuando se fundó la Scottish Society for the Prevention of Cruelty to Animals en Escocia.

La convulsa historia de España durante los pasados siglos ha visto sucederse distintas formas de control de la sociedad, en las que fueron alternando las dictaduras con las libertades, pero en el maltrato animal hemos mantenido una continuidad preocupante: hemos sido siempre dictadores despóticos de cualquier especie animal diferente de la nuestra, y en ello en buena parte en colaboración con la Iglesia.

No podemos cuestionarnos la relación de la cultura española con el maltrato animal. Pero no podemos ignorar que esa misma cultura ha evolucionado en el seno de la sociedad española durante los últimos años, hasta despreciar ese tipo de acciones contra los seres vivos y exigir, a nuestros representantes políticos, mayores cotas de protección. La Fundación Altarriba, por poner un ejemplo que está en el recuerdo de todos, asumió en 2002 una iniciativa ciudadana de modificación del Código Penal para que el maltrato animal se tipificara como delito. Y en tan solo dos meses más de seiscientos mil votantes españoles exigieron, con su nombre y DNI, que lo ocurrido en la Protectora de Tarragona a partir de ahora se pagara con la cárcel. Por eso, y por la creciente actividad animalista que brota de la sociedad española, afirmamos que, hoy, 23 de junio de 2008, el progresivo respeto por la vida y el sufrimiento de otros seres vivos constituye un elemento propio, aunque no exclusivo, de nuestro ámbito cultural.

Por tanto, entendemos y afirmamos que se dan las condiciones sociales para iniciar una regulación seria en materia de maltrato animal, y se dan los respaldos y recomendaciones políticos necesarios desde el entorno comunitario.

En este nuevo contexto, cabe mencionar que Alemania, en 2002 decidió elevar la protección animal a su Constitución, a través del artículo 20.a que dice, literalmente, “Consciente de su responsabilidad hacia futuras generaciones, el estado protege las bases naturales de la vida y los animales dentro del marco del orden constitucional vía legislativa [...]”. Se aprobó con 543 votos a favor, 19 en contra y 15 abstenciones, y convierte la protección de los animales en un objetivo similar al de la salvaguardia del medio ambiente. Pero mucho antes, en 1994, la Resolución sobre el bienestar y el estatuto de los animales del Parlamento Europeo solicitaba “a la Comunidad que prevea, tras la Unión, una nueva modificación de los Tratados, a fin de que los animales sean considerados como seres sensibles y que, en consecuencia, su bienestar y su protección jurídica sean incluidos entre los objetivos de la política en materia de medio ambiente, tal como lo prevé el artículo 130R del Tratado CE (actualmente el artículo 174)”.

La Resolución no especifica a qué tipo de animal se refiere y entendemos, por tanto, que los abarca a todos, pero es contundente y clara en dos puntos: la condición de seres sensibles que se le reconoce a los animales les otorga sin discusión el derecho al bienestar, y el reconocimiento y desarrollo jurídico de ese derecho deben estar, competencialmente, entre los objetivos de medio ambiente.

En el caso de España, el artículo 45 de la Constitución es perfecto, porque precisamente dispensa protección al medio ambiente, y a través de él podríamos finalmente incorporarnos al tren europeo en materia de bienestar animal. La sociedad española no sólo está preparada, sino que exige ese marco legal. Hechos como el de Agüiño en 2006, o el mes pasado, la brutalidad y el atroz ensañamiento con Regina en Carcaixent, o con Jack en Cádiz, han revuelto una vez más a los ciudadanos, y han puesto en bandeja al Gobierno de España una actuación tajante y, por qué no decirlo, electoralmente amortizable. Recordemos que el PACMA, Partido Antitaurino y Contra el Maltrato Animal, que presenta un programa de contenido exclusivamente animalista, ha sido considerado como la revelación en las elecciones del pasado mes de marzo; se ha quedado a 30.000 votos de obtener un escaño en el Congreso de los Diputados; es la fuerza política número 14 del país; y está por delante de partidos que han tenido hasta la fecha de hoy representación parlamentaria. En resumen, casi 200.000 españoles han votado como representante nacional a un equipo político que exclusivamente trabaja a favor de los animales.

Pero lo cierto es que en este tema, y no nos sorprende, en España se produce un divorcio entre el pueblo y quien lo gobierna. Mientras en otros países y en la propia Unión Europea, de la que formamos parte, ya hay una previsión normativa, y se han puesto en marcha medidas de protección animal que llegan a poner su bienestar por encima de intereses humanos directos, incluso de los económicos, el caso de España sigue siendo aislado.

¿Y por qué no nos sorprende que nuestros políticos hagan oídos sordos a los ciudadanos, y ojos ciegos al resto de Europa? Porque en España concurre una especial circunstancia, que mantiene a la totalidad de los animales bajo el yugo prácticamente impune del maltrato: en España, desde hace siglos, los ejemplares macho de la especie Bos taurus, de nombre común “toro”, están destinados a sufrir un tormento que los llevará a la muerte ante el público, y del que no voy a dar detalles, porque en esta sala hay personas de mucha más solvencia y capacidad que yo para exponerlo y para denunciarlo. Esta actividad, conocida como “corrida de toros”, se protege a ultranza, identificada desde el poder como símbolo inalienable de nuestra identidad como nación, de nuestra cultura, de nuestra historia y de nuestro arte, cosas todas ellas, lamentablemente ciertas hasta hace unos años. Pero además esta actividad es el único punto en el que nuestros políticos cierran filas, incluso cuando, como en la legislatura anterior, cualquier tema conducía a los dos partidos mayoritarios a la controversia, a la discusión, a la descalificación e incluso al insulto.

Los grandes pero a la vez pequeños pasos que se han dado en España a escala autonómica, hacia la protección de los animales, han sido exquisitos en extraer del grupo de esos “animales protegidos”, de forma clara y precisa, a las víctimas de los espectáculos debidamente reglamentados y autorizados: los toros.

Ninguna normativa saldrá adelante si, ahora o en el futuro, pudiera representar un peligro para la continuidad de las corridas de toros, y de las distintas variantes de encierros con sus distintas variantes de agresión. Citamos como ejemplo la vigente ley catalana de protección de los animales, aprobada en 2003, y quizás la más progresista de todo el Estado, que incluso reconoce capacidad psíquica a los animales en su preámbulo, y que prohíbe de manera tajante que participen en espectáculos que puedan causarles sufrimiento, para excluir de inmediato de esa prohibición a las corridas de toros y a los correbous.

En España es políticamente incorrecto censurar las corridas de toros desde cualquier altura de la Administración. Reciben apoyo y respaldo público desde la propia Casa Real, que ostenta la Jefatura del Estado, apoyo y respaldo económico desde los gobiernos nacional, autonómico y local, y apoyo y respaldo público conjunto, ante las Instituciones europeas, de nuestros dos partidos mayoritarios, que en alguna ocasión han llegado incluso a utilizar el engaño.

Vamos a hacer un análisis de la afición en España a las corridas de toros, comparando dos estadísticas muy esclarecedoras, ambas del año 2006:

1. Según la encuesta publicada por Gallup¹, en la fecha mencionada, el 19,3% de los encuestados afirmaba estar “algo interesado”, y el 7,4% “muy interesado”. El perfil que se desprende es que estamos ante un varón, mayor de 45 años.
2. Las últimas cifras oficiales publicadas por el Gobierno de España² indican que, en ese mismo periodo, el porcentaje de españoles que ha ido a las corridas de toros es del 9,8% (recordamos que el total de interesados del punto anterior suma un 26,7%). El perfil que se desprende es que estamos ante un varón, mayor de 45 años.

Pero como lo que estamos considerando es si existe o no existe esa afición que respalda su continuidad, debemos tomar como referencia el porcentaje de quienes han ido más de una vez, es decir, el porcentaje real de aficionados, y el resultado es que un 4,6% de los españoles es aficionado activo a las corridas de toros, frente al 90,2% que no lo es, o no lo bastante para ir a una plaza ni siquiera una vez al año.

Por debajo de esa media del 4,6%, se encuentran comunidades autónomas de pretendido arraigo taurino, como la propia Madrid, que alberga la considerada plaza de toros más importante del mundo, y que sólo aporta un 4,3%; el País Vasco con un 3,8% o, ya en el límite de la no-asistencia, Cataluña, con un destacado 0,8% que es el más bajo de todo el Estado, a excepción de Canarias donde las corridas están prohibidas. En el cómputo total (han ido una vez o varias veces), Cataluña es también la comunidad de menor afluencia de público nacional: el 1,7% (también a excepción de Canarias). En realidad, en España ha ido más gente a visitar un jardín botánico (13,8%) que a los toros, a pesar de que los jardines botánicos no cuentan con la publicidad e inversión públicas en la misma medida.

Debemos afrontar la realidad pura y fría: el 4,6% de los españoles son los verdaderos aficionados a las corridas de toros, y sobre ellos se apoya la continuidad de ese espectáculo, y también sus consecuencias éticas, económicas y sociales. Se niega dinero a fines educativos, como subvencionar los libros escolares a las familias, y son los propios ciudadanos quienes exigen legalmente a sus autoridades que se utilice para ello los 55.000 euros dedicados a la feria taurina (Colmenarejo 2007, pero el Ayuntamiento se negó en redondo con los votos del PSOE e IU³); y en Zamora se intenta celebrar una corrida de toros con 30.000 euros retirados de la partida de limpieza de los colegios, y 24.000 más de una subvención para estudios musicales⁴.

Llegadas aquí las cosas, afirmamos que el mantenimiento de las corridas de toros dentro de la legalidad, y su promoción, constituyen una reiterada agresión a los derechos de los ciudadanos, que podría incluso vincularse a varios artículos de la Constitución Española, como el 1.2: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”; el 31.2: “El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”; y el 128.1: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, con lo que el mismísimo artículo 1.1. quedaría en entredicho.

El responsable último y directo es el Estado Español que, en connivencia con el sector taurino, mantiene y sostiene una actividad de ocio que es denunciada desde dentro y fuera del país por su crueldad y que, además, por acción y por omisión, mantiene una agravio permanente contra la mayoría de los ciudadanos a los que gobierna y ante los que responde.

Por tanto, acusamos al Estado Español de que:

• Para beneficiar a las corridas de toros elude una legislación seria que impida que en España ahorquen galgos, se arranque la cabeza a las aves estirándoles del cuello, se prenda fuego a la cabeza de los toros o se les claven lanzas y dardos, se queme con ácido a los perros o se les corten las patas con una pala, se lancen codornices desde las máquinas de tiro al plato...
• Para beneficiar a las corridas de toros realiza una inversión pública en las corridas de toros, a todos los niveles, de más de 500 millones de euros anuales, desasistiendo necesidades sociales como la Sanidad (que hoy en día mantiene a casi 200.000 enfermos en lista de espera para recibir asistencia por falta de recursos, y que en varios casos les ha conducido a la muerte⁵), o las Pensiones (que para 2008 establecen unas mínimas de 528,55 euros/mes para pensionistas mayores de 65 años y de 356,20 por vejez e invalidez y viudedad⁶).
• Para beneficiar a las corridas de toros es capaz de crear alianzas políticas con las que obtener más fondos públicos y apoyos de la Unión Europea.
• Para beneficiar a las corridas de toros favorece la educación de los niños en la violencia y el maltrato, mediante las propias escuelas taurinas, desoyendo la abundante bibliografía científica al respecto que existe a escala internacional, y indica que debe hacerse el mayor esfuerzo educativo precisamente en lo contrario.
• Para beneficiar a las corridas de toros desasiste legalmente a los ciudadanos españoles menores de edad, que quedan en manos de sus padres para salir a torear a las plazas y resultar heridos o muertos.
• Para beneficiar a las corridas de toros impide una reconversión sensata y paulatina del sector, con tiempo suficiente para que las aproximadamente 200.000 personas que viven de él puedan asumirlo y modificar su situación laboral en consecuencia.

El de los ciudadanos con intereses o afición taurina, y el de los abolicionistas, somos dos colectivos irreconciliables, es cierto, como también es cierto que la balanza, como acabamos de ver tremendamente desequilibrada, sigue cayendo sin pausa y con fuerza a nuestro favor.

Estamos ante un tema de solución política, pero nuestras Autoridades, comenzando por el propio Presidente del Gobierno, miran hacia otro lado. El sector taurino tiene algunos amigos grandes, influyentes y poderosos. Quizás esa circunstancia hizo que el Gobierno de España no apoyara, e incluso atacara, a una de sus propias Ministras, Cristina Narbona, cuando se atrevió a insinuar públicamente que en la plaza no se matara al toro⁷. ¿Cuánto tenemos que esperar para una iniciativa directa ética, y en este caso sí, propia de nuestra cultura actual, digna de nuestra historia futura y, sobre todo, acorde con nuestra voluntad?

Fundación Altarriba, Amigos de los Animales

Matilde Figueroa

www.altarriba.org

¹http://www.losverdesdemadrid.org/web.php?ver=noticias_ampliar&id=2476&titulo=Encuesta%20GALLUP:%20%20Inter%C3%A9s%20por%20las%20Corridas%20de%20Toros

² http://www.mcu.es/estadisticas/MC/EHC/2006/TablasResultados.html

³ http://www.proyectoverde.com/search/node/toros

⁴ http://www.nortecastilla.es/20080528/zamora/paralizan-subvencion-euros-para-20080528.html

⁵ http://www.telecinco.es/informativos/reporteros/noticia/36353/Sobrevivir+a+las+listas+de+espera

⁶ http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Guias/Prestaciones/Anexos/Anexos001.htm

⁷ http://www.elmundo.es/papel/2006/12/22/espana/2064500.html