Es una iniciativa de Marisilla, artesana recicladora y artistaza y de otras compañeras que la apoyan. La mitad de lo recaudado irá a beneficio de l@s galguit@s y podenc@s de Galgos 112.
Gracias chicas...
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Hola a tod@s!!!
Blog de galg@s y demás compañer@s de cuatro patas. Difusión de GALGOS,PODENCOS,PPP (Perros Potencialmente Pegajosos)GATOS...y resto de compañeros de cuatro patas. Prestar desde este rinconcito nuestra ayuda a Madre Tierra , sus hij@s y de todo un poco.
El próximo Domingo 25 de Octubre se celebrara en Mislata (Valencia), la Feria Amigos de los Animales, participan 8 asociaciones y protectoras de defensa animal, el acto será de 10 de la mañana a 14`00 h. Los perros de las diversas asociaciones desfilaran a las 12`00 del mediodía.
Habrá stand informativos y venta de artículos solidarios. Concurso canino, demostraciones de educación y adiestramiento y sobre todo tendremos, muchos, muchos, animales en busca de una segunda oportunidad.
El lugar es el parque de la Canaleta, un lugar precioso donde pasar toda la mañana en buena compañía y encontrar un compañero para toda tu vida.
¡¡¡No faltéis!!!.
¡¡¡Adopta siempre!!!
Galgos 112 estara con un Stand informativo dando a conocer la situiación de l@s galg@s y podenc@s en España, y vendiendo articulos para recaudar dinero y poder seguir atendiendo los gastos de los animales rescatad@s y por rescatar.
Blue, la Palo mi humano y la que escribe,la galga lluenta,nos vamos para la Valencia a echarle una manita a Maria (delegada de Galgos 112 allí) y a lucir palmito con chaleco, que soy una galga de muy buen ver, y como hay concursos y tal pues si la Blue no tiene mucho susto a lo mejor hasta desfilamos...
Ya os contaremos.
Estamos absolutamente convencidos de este malestar por la cantidad de llamadas y correos que recibimos en este sentido, y asimismo, nos entristece ver, en pleno siglo XXI, cómo muchas de estas personas tienen miedo a denunciar por temor a represalias.
La indignación de toda esta gente -y de nosotros mismos- se centra principalmente en el hartazgo de contemplar una estampa repetida hasta la saciedad por distintos puntos de las islas: perros, sobretodo de raza podenco que generalmente utilizan el colectivo de cazadores, perdidos, famélicos, atropellados en las carreteras, incluso apiñados de forma lamentable en los remolques que se utilizan para su traslado los días de cacería. Estos animales merecen ser tratados, al menos, con un mínimo de respeto, máxime cuando son los protagonistas principales de la propia actividad de la que tanto parecen disfrutar este colectivo de cazadores.
No estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados ante semejante despropósito. Queremos recordar, tanto a los diferentes colectivos de cazadores de las islas como las instituciones competentes que existe una Ley de protección animal (Ley 8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales), en la que podemos encontrar lo siguiente:
Artículo 4. 1. El propietario o poseedor de un animal doméstico tendrá la obligación de mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cuantas actuaciones sean precisas para ello. En todo caso, queda prohibido: Maltratar a los animales o someterlos a cualquier práctica que les pueda producir sufrimientos o daños injustificados. Abandonarlos.
Artículo 11. 1. Los propietarios de perros deberán identificarlos como reglamentariamente se establezca y censarlos en el Ayuntamiento donde habitualmente viva el animal, dentro del plazo máximo de 3 meses, contados a partir de la fecha de nacimiento, o de un mes después de su adquisición. El animal deberá llevar necesariamente su identificación censal de forma permanente.
Por todo lo anteriormente expuesto exigimos a las instituciones competentes a que comiencen de forma seria a aplicar la ley, y de esta manera se regule la identificación de los perros por medio de chips, las formas de traslado en remolques, el número de perros por cazador, mecanismos para la recuperación de los perros perdidos…
También instamos al sector, en la que no nos cabe duda de que existen personas sensibles con este problema y probablemente los primeros interesados en que la situación se regule de forma seria, a que busque mecanismos de autocontrol para solventar esta lamentable situación y, además, a que trabajen para erradicar la imagen de agresividad que muchas personas no cazadoras tienen de ellos.
Asimismo, queremos recordar que dependemos, en buena parte, del turismo europeo, y estamos seguros que incluso muchos cazadores dependen de este sector, por lo que la concepción tercermundista que tienen muchos de estos turistas de los canarios cuando se tropiezan con casos de evidente maltrato animal como éste, es de extrema gravedad.
fuente: http://www.gomeranoticias.com/2008/content/view/4630/457/
FANI LOSADA - Santiago - 18/10/2009
Varios ecologistas, de los colectivos Amigos da Terra, Adega y Matar por matar Non, serán juzgados mañana en O Carballiño por entrar en la perrera municipal de la localidad. José Ángel Hermida, trabajador de la concejalía de Medio Ambiente que dirige la socialista María Xosé Pérez, presentó la denuncia a raíz de lo ocurrido el pasado 3 de marzo, día en que los acusados visitaron las instalaciones de la Canceira de A Medela. O al menos lo intentaron, ya que uno de los trabajadores impidió la entrada a Julio Rodríguez, de Matar por matar, Non, y a las dos integrantes de Adega que lo acompañaban, alegando que necesitaban una autorización previa. La discusión terminó con una llamada a la Guardia Civil. Sin embargo, para cuando llegaron los agentes el problema ya no estaba en la disputa, sino en la fosa que encontraron los ecologistas, llena de cuerpos de perros.
El documento que les prohíbe la entrada se firmó al día siguiente
Tras una inversión de 250.000 euros el edificio carece de luz, agua y clínica
Tras el hallazgo, la Guardia Civil se puso en contacto con el Servicio de Protección da Natureza (Seprona), que a su vez envió un equipo que examinó la fosa, contó los 76 perros que había en ella -que se encontraban en distintos grados de descomposición y cubiertos de cal- , redactó el informe y presentó cuatro denuncias de tipo administrativo contra la perrera. Las principales acusaciones del Seprona se centran en la inexistencia de una sala de curas, en la violación del protocolo de retirada de cadáveres, en la carencia de un libro oficial de registro en el que figuren los datos de los animales y en el hecho de que A Medela no estaba dada de alta en el Registro de Establecimientos de Animales Domésticos y Salvajes en Cautividad de Galicia. A esta lista se añaden otras dos denuncias: la presentada por Adega por maltrato animal con resultado en muerte y la interpuesta por motivo de la incursión en la perrera.
"Intentan asustarnos con el juicio", afirma Julio, seguro de que la querella carece de base legal. El ecologista de Matar por matar, Non sostiene que la normativa de la perrera no recoge la necesidad de solicitar permiso antes de visitar las instalaciones y que en aquel momento no existía ningún documento oficial que le prohibiese la entrada en el recinto. El propio alcalde carballinés, Carlos Montes, confirmó el pasado mes de agosto, tras la intervención do Valedor do Pobo, que no fue hasta el día 4 de marzo que firmó una circular interna que estipula la "expulsión inmediata" de cualquier persona que visite las instalaciones sin previa autorización. En esa misma circular deniega dicho permiso a Julio Fernández debido a su "actitud desafiante y autoritaria" y a los problemas y enfrentamientos que se produjeron mientras trabajaba como voluntario en 2008 y que, de acuerdo con el documento, llevaron a varios trabajadores municipales a amenazar con "renunciar a su puesto de trabajo en el supuesto de que se presentase nuevamente en las instalaciones".
La tensión entre los ecologistas y los responsables de A Medela se remonta al año pasado, cuando el colectivo al que pertenece Julio reclamó una justificación de los 250.000 euros que la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, por entonces bajo el mando de Manuel Vázquez- ex alcalde carballinés y marido de la concejala de Medio Ambiente de la localidad orensana-, destinó a finales de 2006 para la ampliación y reforma del recinto. Tras dos meses de obras, la perrera disponía de caniles para separar a los perros por tamaños e incorporó los módulos para cachorros y gatos y la cámara frigorífica con capacidad para 10.000 kilos. Una cámara que no se llegó a utilizar porque el edificio seguía sin electricidad, además de sin agua y sin clínica veterinaria. Las peores críticas las recibió el Grupo Ecologista Outeiro, responsable de la gestión de la perrera durante ocho años. Desde la asociación aclaran que, pese al convenio con el Ayuntamiento, nunca se encargaron de administrar el dinero. Aun así, defienden el uso que se le dio y aseguran que las carencias se deben a que la reforma debe afrontarse como "un proyecto por fases" que se concluirá más adelante.
Infundadas o no, las acusaciones fueron suficientes para que los partidos de la oposición, BNG y PP, aprobasen en pleno la convocatoria de una comisión de investigación que hoy por hoy aún no se ha constituido y el traspaso de la gestión de la perrera al ayuntamiento a partir del 1 de enero de este año. La visita de los ecologistas fue, precisamente, para comprobar qué huella había dejado el cambio de manos en A Medela.
Visto lo visto, probablemente se les pasó por la cabeza el viejo dicho de "más vale malo conocido que bueno por conocer". Pese a sus acusaciones contra el Grupo Outeiro -que no han sido demostradas- , Julio reconoce que el colectivo sólo sacrificaba a los animales que no se podían salvar. Apenas dos meses después de que abandonasen la perrera, se encontraron con que "de 37 jaulas llenas que había sólo quedaban 12 o 13 ocupadas, y a medias". De acuerdo con los denunciados, faltan entre 130 y 140 perros, más de los que encontró el Seprona en la fosa.
El ayuntamiento justifica el uso del hoyo como una medida temporal hasta que los cuerpos pudiesen ser trasladados a una planta incineradora. El Servicio de Conservación da Biodiversidade de la Xunta critica esta decisión y señala que, de acuerdo con la normativa sanitaria, los perros deben ser almacenados en un congelador desde el momento de la muerte. "Si las instalaciones son de dominio municipal, es competencia del ayuntamiento que esto se cumpla", añaden desde la Xunta.
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IBIZA | J. LL. F. El juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, del que es titular Clara Ramírez de Arellano, ha condenado a Bartomeu Marí Ribas, Sendic, a cumplir un año de ingreso en un centro psiquiátrico para que se restablezca de los trastornos de personalidad que padece. La sentencia emitida sobre la jauría de perros propiedad de Marí que durante años han vagado sueltos y en condiciones sanitarias deplorables por la zona de es Cubells, absuelve al acusado de los delitos de maltrato de animales, contra la seguridad del tráfico y desobediencia que le imputaba el Ayuntamiento, al aceptar las conclusiones de un informe médico –encargado por el propio acusado– que considera mermadas sus facultades intelectivas y volitivas. Sin embargo, se obliga a Marí a pagar de su bolsillo los costes que ocasione al Ayuntamiento la retirada de los perros.
Los fundamentos jurídicos de la sentencia afirman que «los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de maltrato animal y de un delito contra la seguridad del tráfico», previstos ambos en el Código Penal. Ello es así porque los perros, en número de un centenar, eran mantenidos sin ningún tratamiento veterinario y vagaban a su suerte con sarna, malformaciones y todo tipo de dolencias, irrumpiendo en la carretera y provocando un grave riesgo de accidentes.
Sin embargo, un informe de evaluación psicológica encargado por el propio Bartomeu Marí y que la juez acaba aceptando como bueno, establece que el acusado «padece un trastorno psiquiátrico de signo obsesivo-compulsivo similar al síndrome de Diógenes, asociado a un trastorno de personalidad de base de rasgos paranoides que anula su capacidad intelectiva y volitiva». La magistrada no pasa por alto el hecho de que este informe tiene «un grado de imparcialidad y objetividad muy limitado», pero termina considerando que no hay errores en él y acepta su contenido.
El delito de desobediencia es descartado porque la sentencia asegura que no hubo «un mandato expreso concreto y determinante» por parte del Ayuntamiento sobre el acusado. «No consta que por el Ayuntamiento se haya acordado el cese inmediato por parte de Marí en las actividades de tenencia de perros», señala la resolución.
La Fiscalía solicitaba un año de prisión para el acusado.
Informe psicológico
La juez de lo Penal admite que el informe psicológico tiene «una imparcialidad y objetividad limitada» porque lo encargó el propio acusado, pero lo da por bueno al no apreciar en él errores que lo invaliden.
Los perros de Marí viven en condiciones insalubres y son un peligro para el tráfico. JUAN A. RIERA
Un varón de 61 años natural de Madrid pero vecino de Los Rábanos (Soria) fue imputado por un delito de maltrato a 22 canes en una perrera en la localidad de Tardajos, según informaron fuentes de la Guardia Civil de Soria en un comunicado recogido por Europa Press.
Los agentes de la Benemérita localizaron el pasado día 5 una perrera en la localidad de Tardajos, perteneciente al municipio de Los Rábanos, en la que había 22 animales, uno de ellos muerto, aparentemente enfermos y en pésimas condiciones higiénico-sanitarias.
Según señalaron las mismas fuentes, el hacinamiento, las inadecuadas instalaciones y las pésimas condiciones de falta de alimentación y agua motivaron a los agentes a pasar el aviso al Equipo del Seprona de la Guardia Civil de Soria, cuyos miembros iniciaron las pesquisas necesarias para la localización del responsable de la perrera.
Así, a las 14.00 horas del día 16, se localizó al responsable de la instalación, un varón madrileño de 61 años identificado como L.N.N, a quien se imputa un delito relativo a la ordenación del territorio y a la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente de maltrato o abandono de animales domésticos.
Paralelamente, la Patrulla del Seprona denunció ante la Junta de Castilla y León las infracciones observadas, de entre las que destacaron la carencia de registro de núcleo zoológico, la falta de autorización ambiental para la ejecución de las obras de la perrera, no haber cumplido con la obligación de identificar a 19 de los 22 perros con microchip, así como que todos carecían de cartilla sanitaria y placa identificadora acreditativa de haber sido vacunados contra la rabia.
Además, en el transcurso del tiempo que se tardó en localizar al dueño de los canes, otro de ellos murió.
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